Fedesarrollo ha advertido que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), actualmente en discusión, podría desencadenar una crisis fiscal en Colombia. El proyecto propone aumentar las transferencias a departamentos y municipios del 23,8% al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de diez años. De implementarse, estas transferencias representarían el 8,4% del PIB en 2036, un incremento del 65% respecto al escenario actual.
Aumento del déficit y presión sobre la inversión
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, destacó que este aumento en las transferencias significaría alrededor de $60 billones adicionales por año. Esta cifra supera con creces el presupuesto de inversión para 2025, que se estima en $44 billones. Mejía señaló que, incluso eliminando completamente la inversión nacional, el gobierno no podría cubrir el incremento propuesto por la reforma.
Impacto en el déficit fiscal y la deuda pública
Desde una perspectiva fiscal, Fedesarrollo proyecta que el aumento en las transferencias del SGP podría llevar el déficit al 6,4% del PIB en 2036, duplicando el 3,1% del escenario actual. Además, el endeudamiento público sobrepasaría el límite de 71% del PIB, incumpliendo la regla fiscal y generando serios riesgos para la estabilidad económica del país. Este escenario incrementaría el costo de la deuda y podría acentuar problemas de desempleo y pobreza.
Propuesta de Fedesarrollo: Ajuste en el porcentaje de transferencias
Reconociendo la necesidad de fortalecer la autonomía territorial, Fedesarrollo propuso ajustar el incremento de participación del SGP en los ingresos corrientes al 30% en lugar del 46,5% planteado, un nivel que se sitúa por encima del promedio histórico del 2000-2019 y diez puntos porcentuales superior a lo observado en 2023.
Fortalecimiento de la transparencia y capacidades locales
Fedesarrollo también enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de los entes territoriales y mejorar la transparencia en la ejecución de los recursos. La entidad recomendó implementar mecanismos de evaluación y control para asegurar una asignación eficiente de los recursos y fomentar la rendición de cuentas. Estas medidas permitirían un uso más adecuado de las transferencias, con impactos positivos en la gestión pública local.
